domingo, 12 de marzo de 2017

El país inmobiliario


Esenciales los escritos del profesor José Manuel Naredo respecto a la burbuja inmobiliaria española y el modelo de desarrollo económico español: por ejemplo que la expansión inmobiliaria por el territorio presenta un patrón de expansión tumoral...

Pilar Garrido, Miembro del Consejo de Coordinación de Podemos y responsable de la Secretaría de Políticas Sociales:

"La propiedad inmobiliaria es una pieza clave para entender el modelo político, social y económico español. Nos encontramos en un país donde los intereses de los propietarios  marcan de forma permanente el quehacer político; esto se traduce en decisiones y actuaciones normativas que benefician a la clase dominante propietaria, a la vez que ignoran sistemáticamente los intereses y las necesidades de la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas.
No debemos pasar por alto, tal como afirma D. Harvey, que existe una íntima relación entre el desarrollo del capitalismo y la urbanización; y es esa conexión la que fue configurando nuestro modelo inmobiliario durante el franquismo y la Transición. Las intervenciones sobre la ciudad estaban sujetas a los intereses privados de los propietarios del suelo, que se constituyeron en un verdadero poder fáctico. Esta manera de construir ciudad se institucionalizó con la Ley de Suelo de 1956; esta norma abría la puerta a la especulación y a la ganancia de grandes plusvalías, lo que condujo a la creación en los años 60-70 de las grandes empresas constructoras propias de la oligarquía franquista.
Esta trama, que se pone en marcha durante el franquismo, se asienta sin demasiados cambios durante la Transición y en la Democracia. El profesor Naredo apunta algunos de los requisitos que lo permiten: la refundación de la oligarquía franquista en un neocaciquismo que sigue extendiendo la cultura de la especulación y el pelotazo,  la crisis del planeamiento que hace posible la negociación de megaproyectos y grandes operaciones entre promotores y políticos al margen de los planes, y, por último, la existencia de recursos económicos baratos y abundantes tras la adhesión de España a la UE.
En este escenario, la proclamación en el artículo 47 de la Constitución Española del derecho de todos los españoles al disfrute de una vivienda digna y adecuada resulta papel mojado. Las élites ya han tomado una decisión: la prestación de vivienda, al contrario de lo que sucede en Europa, no va a formar parte de los contenidos que amparará el Estado del bienestar que empieza a construirse en España. La vivienda seguirá siendo una simple mercancía, un negocio.
Para que esta operación tenga éxito y genere importantes ganancias se necesita la connivencia del poder político, de las grandes empresas promotoras-constructoras y de los poderes financieros. Esto se concreta en el mantenimiento de una legislación urbanística de carácter intrínsecamente especulador, una política de vivienda de carácter económico cuyo objeto es tirar de sector de la construcción y un mercado financiero carente de control público. Todo ello, con el único objetivo de enriquecer a las élites políticas y económicas.
El marco normativo vigente y la institucionalización de la impunidad conducen a un sistema abusivo que facilita la especulación y permite que la corrupción urbanística campe a sus anchas. El conocido caso Malaya fue sólo la punta de un gran iceberg de corrupción urbanística que todavía, a día de hoy, sigue dando nuevos casos y titulares de escándalo.

Este negocio inmobiliario llega a su cenit durante los años 2002-2007. Durante este tiempo, se construyen cada año en España más viviendas que en Francia y Alemania juntas. Concretamente, en el año 2005  se construyen  cerca de 1 millón de viviendas. Las plusvalías generadas se cuentan por miles de millones de euros. En la Comunidad Autónoma de Madrid, estas plusvalías (200.000 millones de euros) superan el PIB de dicha Comunidad (168.000 millones de euros).
Mientras esto sucede, mientras unos pocos, los de siempre, se enriquecen, se embolsan dinero a manos llenas, el precio de la vivienda crece de manera exponencial, un 185% entre 1998 y 2006. Esta situación significaba duplicar el esfuerzo que una familia debía realizar para acceder a una vivienda.
Pero los beneficios parece que nunca son suficientes para el sistema capitalista. Su carácter depredador y sus prácticas especulativas a gran escala abocan finalmente a nuestro estado a una crisis financiera e inmobiliaria de grandes dimensiones, producto del estallido de la burbuja inmobiliaria.
¿Qué sucede entonces? ¿Se proponen desde el gobierno cambios sustanciales? ¿Se protegen los derechos de las personas afectadas por la crisis?
La respuesta es no; durante la crisis se mantiene el rumbo, no se exigen responsabilidades, se sigue protegiendo al capital y no se afronta la grave situación de emergencia habitacional que viven muchas familias españolas. La trama persiste, esperando que escampe y pase el chaparrón.
Mientras, a nuestros gobernantes, a los partidos del régimen, les toca arreglar el desaguisado. La receta, socializar las pérdidas y privatizar los beneficios. Se aprueban los “rescates bancarios”. Los bancos en apuros gozan de la ayuda económica de los poderes públicos, disfrutan de miles de millones de euros, pero, curiosamente, esos mismos poderes públicos se niegan a realizar cambios normativos que amparen los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, verdaderas víctimas de la crisis. El resultado, más de medio millón de desahucios sin alternativa habitacional y deudas perpetuas para muchas familias. Vidas rotas, truncadas, por el simple hecho de querer acceder a una vivienda, por querer formar un hogar.
La oligarquía es ajena a todo eso, defiende únicamente sus intereses, los de una minoría privilegiada, no hay más. Ellos no piensan en lo colectivo, en la comunidad, en nosotras (...)

Esta alternativa debe pasar sí o sí por desarticular la trama y por recuperar la autonomía del Estado, el funcionamiento democrático de la instituciones y el vínculo social de la economía"




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