Esenciales los escritos del profesor José Manuel Naredo respecto a la burbuja inmobiliaria española y el modelo de desarrollo económico español: por ejemplo que la expansión inmobiliaria por el territorio presenta un patrón de expansión tumoral...
Pilar Garrido, Miembro del Consejo de Coordinación de Podemos y responsable de la Secretaría de Políticas Sociales:
"La propiedad inmobiliaria es una
pieza clave para entender el modelo político, social y económico
español. Nos encontramos en un país donde los intereses de los
propietarios marcan de forma permanente el quehacer político; esto se
traduce en decisiones y actuaciones normativas que benefician a la clase
dominante propietaria, a la vez que ignoran sistemáticamente los
intereses y las necesidades de la gran mayoría de ciudadanos y
ciudadanas.
No debemos pasar por alto, tal como afirma D. Harvey, que existe una
íntima relación entre el desarrollo del capitalismo y la urbanización; y
es esa conexión la que fue configurando nuestro modelo inmobiliario
durante el franquismo y la Transición. Las intervenciones sobre la
ciudad estaban sujetas a los intereses privados de los propietarios del
suelo, que se constituyeron en un verdadero poder fáctico. Esta manera
de construir ciudad se institucionalizó con la Ley de Suelo de 1956;
esta norma abría la puerta a la especulación y a la ganancia de grandes
plusvalías, lo que condujo a la creación en los años 60-70 de las
grandes empresas constructoras propias de la oligarquía franquista.
Esta trama, que se pone en marcha durante el franquismo, se asienta
sin demasiados cambios durante la Transición y en la Democracia. El
profesor Naredo apunta algunos de los requisitos que lo permiten: la
refundación de la oligarquía franquista en un neocaciquismo que sigue
extendiendo la cultura de la especulación y el pelotazo, la crisis del
planeamiento que hace posible la negociación de megaproyectos y grandes
operaciones entre promotores y políticos al margen de los planes, y, por
último, la existencia de recursos económicos baratos y abundantes tras
la adhesión de España a la UE.
En este escenario, la proclamación en el artículo 47 de la
Constitución Española del derecho de todos los españoles al disfrute de
una vivienda digna y adecuada resulta papel mojado. Las élites ya han
tomado una decisión: la prestación de vivienda, al contrario de lo que
sucede en Europa, no va a formar parte de los contenidos que amparará el
Estado del bienestar que empieza a construirse en España. La vivienda
seguirá siendo una simple mercancía, un negocio.
Para que esta operación tenga éxito y genere importantes ganancias se
necesita la connivencia del poder político, de las grandes empresas
promotoras-constructoras y de los poderes financieros. Esto se concreta
en el mantenimiento de una legislación urbanística de carácter
intrínsecamente especulador, una política de vivienda de carácter
económico cuyo objeto es tirar de sector de la construcción y un mercado
financiero carente de control público. Todo ello, con el único objetivo
de enriquecer a las élites políticas y económicas.
El marco normativo vigente y la
institucionalización de la impunidad conducen a un sistema abusivo que
facilita la especulación y permite que la corrupción urbanística campe a
sus anchas. El conocido caso Malaya
fue sólo la punta de un gran iceberg de corrupción urbanística que
todavía, a día de hoy, sigue dando nuevos casos y titulares de
escándalo.
Este negocio inmobiliario llega a su cenit durante los años
2002-2007. Durante este tiempo, se construyen cada año en España más
viviendas que en Francia y Alemania juntas. Concretamente, en el año
2005 se construyen cerca de 1 millón de viviendas. Las plusvalías
generadas se cuentan por miles de millones de euros. En la Comunidad
Autónoma de Madrid, estas plusvalías (200.000 millones de euros) superan
el PIB de dicha Comunidad (168.000 millones de euros).
Mientras esto sucede, mientras unos pocos, los de siempre, se
enriquecen, se embolsan dinero a manos llenas, el precio de la vivienda
crece de manera exponencial, un 185% entre 1998 y 2006. Esta situación
significaba duplicar el esfuerzo que una familia debía realizar para
acceder a una vivienda.
Pero los beneficios parece que nunca son suficientes para el sistema
capitalista. Su carácter depredador y sus prácticas especulativas a gran
escala abocan finalmente a nuestro estado a una crisis financiera e
inmobiliaria de grandes dimensiones, producto del estallido de la
burbuja inmobiliaria.
¿Qué sucede entonces? ¿Se proponen desde el gobierno cambios
sustanciales? ¿Se protegen los derechos de las personas afectadas por la
crisis?
La respuesta es no; durante la crisis se mantiene el rumbo, no se
exigen responsabilidades, se sigue protegiendo al capital y no se
afronta la grave situación de emergencia habitacional que viven muchas
familias españolas. La trama persiste, esperando que escampe y pase el
chaparrón.
Mientras, a nuestros gobernantes, a los partidos del régimen, les
toca arreglar el desaguisado. La receta, socializar las pérdidas y
privatizar los beneficios. Se aprueban los “rescates bancarios”. Los
bancos en apuros gozan de la ayuda económica de los poderes públicos,
disfrutan de miles de millones de euros, pero, curiosamente, esos mismos
poderes públicos se niegan a realizar cambios normativos que amparen
los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, verdaderas víctimas de la
crisis. El resultado, más de medio millón de desahucios sin alternativa
habitacional y deudas perpetuas para muchas familias. Vidas rotas,
truncadas, por el simple hecho de querer acceder a una vivienda, por
querer formar un hogar.
La oligarquía es ajena a todo eso, defiende únicamente sus intereses,
los de una minoría privilegiada, no hay más. Ellos no piensan en lo
colectivo, en la comunidad, en nosotras (...)
Esta alternativa debe pasar sí o sí por desarticular la trama y por
recuperar la autonomía del Estado, el funcionamiento democrático de la
instituciones y el vínculo social de la economía"
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