jueves, 23 de noviembre de 2017

Máscaras del sadismo



El Experimento Milgram; el Experimento de la cárcel de Stanford.
Sobre sadismo y manadas institucionales, manadas callejeras y manadas en red.
Porque el sádico se parapeta siempre en el uniforme o el rol institucional, en la violencia grupal, en la máscara y el anonimato, y siempre por muy buenas razones: semblanzas del mal.
Y homenaje a los auténticos individuos: frente a la masificadora cultura del yo basada en el consumo y autoensalzamiento, la del idiotés griego centrado en su propio ombligo... paradójicamente la única individualidad posible es la sociocéntrica centrada en el nosotros.
(Materiales sobre el bullying en red para alumnos de ESO y Bachillerato. Gracias a las aportaciones de la magnífica psicóloga visitante)
 


La pendiente resbaladiza de la maldad





 

lunes, 20 de noviembre de 2017

Interludio a mis happy few

A Maroua y a Rosa, amigas a distancia telefónica en movimiento; a Elena, que se olvida de sus poemas troyanos lunes, jueves y viernes. De nuestras conversaciones, vosotras sabéis por qué:


"Una sinfonía agridulce, esta vida
intentas juntar los extremos,
eres un esclavo del dinero y luego mueres"




"Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo.
A la vuelta, contó. Dijo que había contemplado, desde allá arriba, la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos.
- El mundo es eso - reveló -. Un montón de gente, un mar de fueguitos.
Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman; pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende"

El Libro de los Abrazos- Eduardo Galeano
 
 
 

martes, 14 de noviembre de 2017

De Madrid al cielo

 
Que Montoro devuelva las llaves económicas a Madrid, pero antes aún que el jefe militar israelí devuelva las llaves de la ciudad otorgadas por una insensible Carmena
 
Eduardo Garzón:
 
"¿Cómo es posible que Montoro haya decidido intervenir las cuentas de un ayuntamiento que tiene más de 1.000 millones de superávit y que ha reducido la deuda un 40% en apenas dos años? Lo lógico en principio es pensar que una intervención de las cuentas tiene sentido cuando su administración responsable tiene problemas económicos, pero no es el caso del Ayuntamiento de Madrid. ¿Entonces?
La explicación oficial del Ministerio radica en que el Ayuntamiento de Madrid, aunque tenga superávit y reduzca deuda, incumple la Regla de Gasto. Esta Regla nació en 2012 con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) -que es el desarrollo del reformado artículo 135 de la Constitución Española- y su razón de ser es limitar la cantidad de gasto que puede registrar una administración pública. Ese límite no tiene nada que ver con los ingresos (como podría parecer lógico, para no gastar más de lo que se ingresa), sino que queda fijado en función del crecimiento estimado de la economía española (la estimación la realiza el Ministerio y, por cierto, raramente acierta con ella). Por lo tanto, esta Regla suele provocar que el gasto de las administraciones sea menor que los ingresos, para que así quede suficiente dinero sin gastar, engrose el superávit y pueda ser utilizado para pagar deuda a los bancos. Ése es el objetivo de la Regla de Gasto (recordemos, hija del artículo 135 de la Constitución): priorizar el pago de la deuda frente a cualquier otro tipo de gasto público.
Por lo tanto, lo que el Ministerio está criticando del Ayuntamiento de Madrid no es que tenga las cuentas saneadas (que a todas luces las tiene), sino que haya incrementando tanto la inversión y el gasto social y provocado por lo tanto una notable reducción del superávit y del dinero que se paga a la banca. Pero es que en esto consistía el proyecto económico que Ahora Madrid recogía en su programa electoral y que está aplicando exitosamente: priorizar -a diferencia de lo que ocurría con gobiernos del PP- la gestión honesta y eficaz de los recursos públicos con el objetivo de maximizar el bienestar de la ciudadanía madrileña. Poner la economía al servicio de la gente y no de los bancos. Para ello es preciso utilizar el dinero del Ayuntamiento en aras de incrementar las inversiones y el gasto social, que en sólo dos años han crecido un 102% y un 74%, respectivamente. Evidentemente, todo ese dinero que se utiliza en mejorar la ciudad es dinero que dejas de tener en la cuenta bancaria, que dejas de utilizar para engrosar el superávit y que dejas de utilizar para pagar deuda a los bancos.
Pero lo cierto es que el Ayuntamiento de Madrid no es la única administración que incumple esta particular regla. De hecho, la administración de cuyas cuentas es responsable el ministro Montoro, la administración central, ha incumplido sistemáticamente esta regla (con la excepción de 2016, y debido a un cambio de metodología). Lo mismo ocurre con muchas comunidades autónomas y otros muchos ayuntamientos. Entonces, ¿por qué esa evidente obsesión del Ministerio con Madrid, que le ha llevado por primera vez en la historia a intervenir las cuentas de un ayuntamiento por este motivo?
Muy fácil: porque el superávit del Ayuntamiento de Madrid es el más voluminoso de todos y es el que más necesita Montoro para presentar unas cuentas bonitas en Bruselas.
La clave es que cuanto más superávit tenga el Ayuntamiento de Madrid, más déficit público puede tener la administración central que gestiona Montoro. Esto es así porque Bruselas no mira las cuentas de cada una de las administraciones sino que mira las cuentas del conjunto de ellas. El superávit de Madrid sirve para maquillar las maltrechas cuentas de Montoro, y por eso éste se niega a que el Ayuntamiento de la capital reduzca su superávit para invertir en infraestructuras o incrementar la inversión social. Es decir, no se trata de un castigo al Ayuntamiento por no manejar bien sus cuentas, sino que es una maniobra para aprovecharse del superávit de la capital. Montoro puede permitir que un pequeño ayuntamiento se salte la Regla de Gasto y pierda algunos millones de superávit, pero no puede permitir perder los casi 1.000 millones de euros de Madrid. Sobre todo porque permitirlo podría hacer que el ejemplo de Madrid fuese imitado por tantas otras administraciones, ¡y es que el conjunto de las corporaciones locales registra un superávit superior a los 7.000 millones de euros que Montoro necesita como el comer!
Ni que decir tiene, además, que en todo este movimiento también hay una cuestión política de enorme calado: el Ministerio está encantado de poner palos en las ruedas a un ayuntamiento que está demostrando que hay alternativas a las políticas de austeridad. El gobierno de Ahora Madrid ha puesto ya de manifiesto que se pueden sanear las cuentas al mismo tiempo que pones la economía al servicio de la mayoría social y no de los bancos. Los fanáticos de la austeridad, entre los que se encuentra Montoro, no pueden permitir que este ejemplo triunfe y se difunda, y por eso están tratando por todos los medios que su proyecto político no prospere.
Pero el Ministerio se ha extralimitado en sus competencias, y es lo que el gobierno de Ahora Madrid está utilizando en los tribunales para defenderse de los ataques políticos de Montoro. Resulta que -tal y como explica la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIReF- la Regla de Gasto española es mucho más restrictiva que la Regla de Gasto de la Unión Europea porque ésta se aplica sobre el conjunto de las administraciones y no sobre cada una de ellas y además ni siquiera es de obligado cumplimiento. Pero es que hay más: el Ministerio está realizando una interpretación de la Regla de Gasto que no viene recogida en la legislación que fue aprobada en el Congreso de los Diputados, sino que se apoya en una orden ministerial que no tiene carácter normativo y que excede los criterios que la ley establece para la Regla de Gasto. Es decir, que existe una discrepancia de interpretación de la Regla de Gasto entre el Ministerio y el Ayuntamiento que tendrán que dirimir los tribunales.
Veremos en qué acaba la cosa"
 
 
 
 
 
 
 

viernes, 10 de noviembre de 2017

La buena educación

 
Porque nos informan, incluso educan nuestros demócratas de toda la vida. Naomi Klein junto a Ada Colau: "Ni siquiera Trump ha encarcelado a políticos del gobierno estatal".  El país en que se destapa una policía política y a nadie le importa un comino, pese a la gran cantidad de titulares tóxicos que lleva produciendo en sus mentes contra ciertos partidos políticos. Donde sus cloacas consiguen, oh sorpresa, material avanzado en Israel para espiarse entre ellos, incluidos a sus propios servicios secretos. Donde no aparece en titulares la conclusión judicial de que al Presidente lo untaban a sobres las grandes empresas, ni la imputación del Jueves por bromear sobre una obviedad respecto a los antidisturbios y la cocaína. Un país todo Constitución en la mano, exceptuando los derechos.


"En Septiembre, devastadores huracanes azotaban Cuba y Puerto Rico. 20 días después del impacto, Cuba había restituido el 99 % de su sistema eléctrico. Por el contrario, un mes más tarde, el 80 % de la población de Puerto Rico seguía sin luz. Las autoridades prevén llegar al 50% del suministro dos meses después del huracán. Es una incómoda comparación que no leeremos –por supuesto- en la prensa corporativa.
En España, ningún juzgado ha encausado por “enaltecimiento del terrorismo” al portavoz del Partido Popular Pablo Casado: amenazó a Carles Puigdemont, president de la Generalitat catalana, con acabar como su antecesor Lluis Companys, fusilado por la dictadura de Franco. La prensa española ayudaba a Casado a “maquillar” sus amenazas: “El PP avisa a Puigdemont que puede acabar encarcelado como Companys”, leíamos en titulares, casi idénticos, de El Mundo, El País y ABC. Mientras, ninguno de estos diarios informaba de la entrada en prisión de Alfredo Remirez, uno de los 76 tuiteros encausados en la llamada “Operación Araña”. Su delito: haber copiado en Twitter la frase de una canción del grupo “Los Chikos del Maíz”, que alude al torturador y criminal de estado Enrique Rodríguez Galindo; y haber denunciado, mediante un muñeco, la política de dispersión de presos vascos. Pero quien “censura” las redes sociales –nos dicen- es el gobierno de Venezuela.
La sección digital “Planeta futuro” de “El País” publicaba un fotorreportaje sobre “asentamientos precarios” en República Dominicana. Leemos en él que miles de familias viven junto a aguas contaminadas y sus menores con discapacidad no tienen acceso a “medicación, pañales o sillas de ruedas”. Una miseria aséptica, sin relación –para “El País”- con el modelo económico vigente. Curioso, porque en este diario leemos decenas de artículos sobre el supuesto “fracaso” del modelo económico de Cuba, responsable –allí sí- del problema de la vivienda. Aunque la población cubana, incluso la que no tiene una vivienda adecuada, cuente con garantías de servicios básicos, atención de salud o protección a personas discapacitadas. El reportaje nos hablaba, además, de jóvenes dominicanos que sueñan “con emigrar”. No son –al parecer- como los de Cuba, que lo que quieren –leemos también en “El País”- no es emigrar, sino “huir”.
Los llamados “papeles del paraíso” implican a 127 figuras de la política, el mundo empresarial o del espectáculo con los paraísos fiscales. Eso sí: no veremos editorial ni artículo alguno que explique la relación de los paraísos fiscales con los intereses de poderosos gobiernos occidentales. Pero ¿se imaginan cómo cambiaría el “tono informativo” si en dicha lista aparecieran miembros del gobierno de Cuba o Venezuela?
Los medios españoles nos hablan de “persecución política” contra el opositor Freddy Guevara, que va a ser juzgado en Venezuela por organizar los actos violentos que causaron casi 150 muertes en aquel país. A la vez, jalean entusiastas el encarcelamiento en Catalunya, por “rebelión” y “sedición”, de un gobierno electo al completo y de activistas absolutamente pacíficos.
Así nos seguirá instruyendo sobre democracia y libertad la prensa española… mientras se lo sigamos permitiendo"
 
 
 

domingo, 5 de noviembre de 2017

De las empresas sociopáticas


Tom Kucharz, activista, y Miguel Urbán, eurodiputado
 
"Puentes, no muros. Una acción que simbolizaba el derribo de un muro inauguró la semana pasada los días de movilizaciones del #BindingTreaty en Ginebra, con cientos de organizaciones y movimientos sociales del mundo que llevan años luchando por compromisos y avances sustanciales en el proceso de negociaciones en Naciones Unidas hacia un instrumento, un acuerdo vinculante sobre transnacionales y derechos humanos.
Diariamente empresas transnacionales comenten violaciones a los Derechos Humanos por todo el mundo, obteniendo enormes beneficios de ello. Para comprobarlo solo tenemos que hacernos algunas preguntas:
¿Qué responsabilidad tiene la empresa transnacional Benetton en la muerte de Santiago Maldonado en Argentina?
La comunidad mapuche que apoyaba Maldonado se encontraba en pleno reclamo del territorio de la Compañía de Tierras del Sud, propiedad de Benetton, que posee un total de 900.000 hectáreas (una superficie que supera al tamaño de la Comunidad de Madrid) en la Patagonia donde produce hasta el 10 % de la lana de la marca de ropa.
¿A quién beneficia la guerra en las fronteras contra las personas migrantes?
Hay relaciones “estrechas” entre la agencia de fronteras Frontex y la industria militar y de seguridad. Multinacionales tales como Airbus, BAE Systems, Finmeccanica, Indra, Safran y Thales hacen negocios con la situación en las fronteras donde ocurren violaciones sistemáticas de Derechos Humanos y donde mueren miles de personas cada año. Precisamente estas compañías beneficiarias de los contratos de seguridad en las fronteras europeas están también entre las mayores vendedoras de armas a Oriente Medio y el Norte de África, lugar de origen de buena parte de las personas refugiadas. Las empresas que se benefician de los conflictos armados reciben licencias de los estados europeos para exportar armas y contratos para militarizar las fronteras.
¿Quien gana con los centros de tramitación de refugiados?
En Australia, Ferrovial a pesar de las multiples denuncias por violación de derechos humanos continúa haciendo fortuna con la desesperación de las personas refugiadas en la gestión de los Centros de Tramitación de Refugiados (RPC) a través de su filial Broadspectrum que está acusada de haber cometido abusos en Nauru y la isla de Manus, considerados como los “guantanamos del Pacifico”. Amnistía Internacional ha denunciado numerosas veces los abusos en dichos centros. “El gobierno australiano ha creado en Nauru una isla de desesperación para las personas refugiadas y solicitantes de asilo que, sin embargo, es una isla de lucro para empresas que ganan millones de dólares con un sistema tan intrínsecamente cruel y abusivo que constituye tortura”
Frente a los múltiples casos de violación de derechos humanos por parte de empresas multinacionales, en junio de 2014 la movilización internacional consiguió que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableciera el Grupo de Trabajo Intergubernamental para la creación de un instrumento legal vinculante que regule la actuación de las empresas transnacionales y asegure que éstas sean juzgadas por eventuales crímenes que cometan tanto a los derechos humanos como al medio ambiente. Durante la pasada semana este Grupo de Trabajo Intergubernamental se reunió en Ginebra por tercera vez de forma ordinaria para avanzar en la negociación del futuro tratado con la participación de 101 Estados y más de 200 delegadas/os de más de 80 países representando a movimientos sociales, sindicatos y la sociedad civil global.
La compañera de Podemos Lola Sánchez Caldentey presentó en esos días un llamado de 250 parlamentarios (http://bindingtreaty.org) en el que apoyamos un marco regulador que obligue a los Estados a asumir la responsabilidad por abusos cometidos por las transnacionales, y que éstas estén obligadas a cumplir el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Así mismo, el Parlamento europeo ha aprobado varias resoluciones apoyando la creación del instrumento vinculante, dando una importante legitimidad a las negociaciones del Grupo de Trabajo Intergubernamental. Por ello es injustificable que la Unión Europea tratara de bloquear el proceso de espaldas a la ciudadanía. En este sentido los Estados Unidos, que nunca participaron en este proceso, aparecieron “de la nada” en la reunión clave de las consultas entre Ecuador y los Estados el viernes por la tarde, después de un almuerzo entre los diplomáticos de la UE y los EEUU, para plantear que el grupo de trabajo necesitaría un nuevo mandato del Consejo de DDHH para continuar, intentando boicotear las conclusiones de la sesión.

Debemos recalcar la fundamental participación activa y la presión política de los movimientos sociales, ONG y comunidades afectadas por violaciones de derechos humanos que lograron vencer el bloqueo de la UE y de otros Estados intentando hacer peligrar la continuidad del proceso. Así, de acuerdo a las recomendaciones de la presidencia (Ecuador) del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que negocia el tratado, en 2018 debe realizarse una cuarta sesión de negociaciones, y ya sobre un texto borrador de tratado internacional, que será enviado a los países por lo menos cuatro meses antes de la nueva reunión en Ginebra. Las recomendaciones de la presidencia no pueden ser modificadas ahora por ningún Estado ni ser bloqueadas por la Unión Europea o los Estados Unidos. Si bien los Estados y todas las partes interesadas tienen tiempo hasta finales de febrero de 2018 para enviar sus contribuciones a los elementos para el proyecto de instrumento internacional jurídicamente vinculante que la presidencia presentó el mes pasado
Vivimos en el momento de la mercantilización y la privatización generalizada del mundo. Una no va sin la otra. No se trata solo de la privatización de las industrias y de los servicios, sino también de lo vivo, del saber, del agua, del aire, del espacio, del derecho, de la información, de las solidaridades. Esta contrarreforma liberal planetaria alimenta una cuádruple crisis: social, ecológica, democrática, ética. Hay que elegir entre una lógica competitiva implacable, “el aliento helado de la sociedad mercantil”, como escribía Benjamin, o el “aliento cálido de las solidaridades y del bien público”, que decía Bensaid. Tenemos que tomar partido por la defensa de los derechos humanos y la buena vida"