Sarah Babiker:
"Como demostró Mediterranea Saving Humans el jueves y antes que ellos el Sea Watch 3, el análisis de Alarm Phone concluye que, pese a las hostilidades de los gobiernos europeos hacia su actividad, las ONG de salvamento continúan presentes en lo que se conoce como zona SAR (zona de salvamento y rescate) de Libia. Mientras, Europa centra sus esfuerzos de vigilancia en impedir que los migrantes salgan de las aguas libias. A través de la operación militar Eunavfor Med/Sophia, aviones europeos sobrevuelan el Mediterráneo con la misión de comunicar a las naves libias la ubicación de los barcos y garantizar que estos sean devueltos al territorio de este país.
El pasado miércoles un bombardeo acababa con la vida de al menos 44 migrantes en el centro de detención de Tajura, cerca de Trípoli, en lo que la ONU ha calificado como un posible crimen de guerra. El país ha visto recrudecido el conflicto que enfrenta al gobierno de Fayez Al-Sarraj —reconocido por la Comunidad Internacional— con las tropas del Ejército Nacional Libio-LNA, mano armada de Khalifa Haftar, el ex coronel del ejército Libio de Muamar el Gadafi que controla de facto el Este del país y desde abril mantiene una ofensiva contra Trípoli.
Las organizaciones de derechos humanos llevan desde entonces insistiendo en el peligro que el conflicto implica para las personas migrantes internadas en los centros de detención. La Comisión Europea comunicó el mismo miércoles, mediante nota de prensa, que destinaría 61,5 millones de euros al Fondo Europeo de Emergencia para África, comprometiéndose de esta manera a financiar “nuevas acciones relativas a la migración para proteger a las personas vulnerables y potenciar la resiliencia de las comunidades de acogida en el Norte de África”(...)
Así, en esta pugna, se escenificaban dos discursos que se enfrentan en una Europa cuya política migratoria ha profundizado en los últimos años en la externalización de las fronteras, mientras se refuerza en el plano ideológico el relato de la falta de lugar para nuevas personas migrantes. Lo primero se ha materializado en acuerdos bilaterales como el acuerdo con Turquía firmado en marzo de 2016, o en el crecimiento exponencial de los recursos dedicados a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex). A este respecto, la Comisión Europea publicaba a principios de junio sus presupuestos para 2020 en los que reservaba 420,6 millones de euros para Frontex. Un 34,6 % más que 2019.
Respecto al ámbito de a ideología, va aparejado con el auge de la derecha nacionalista, cada vez con más presencia en las instituciones europeas. Sin ir más lejos, en las elecciones europeas del pasado 26 de mayo ascendieron los liderazgos nacionalistas conocidos por su retórica antinmigración. Además forman parte de tres grupos distintos de los que integran el nuevo Parlamento Europeo.
Fidesz, del húngaro Víktor Orban, estaría en el grupo de los populares europeos, y en espacios de mayor homogeneidad ideológica estarían el grupo Identidad y Democracia, donde se encuentran los pesos pesados de la Lega de Salvini y la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, junto con Alternativa por Alemania. Por último, se debe anotar la presencia del grupo de Conservadores y Reformistas europeos, con un peso particular del polaco Ley y Justicia, pero donde también están Vox, Hermanos de Italia o los Demócratas de Suecia.
Si bien, tras las elecciones europeas se habló de cierto alivio por los resultados de la extrema derecha (por debajo de sus altas expectativas), su capacidad de marcar línea política y normalizar discursos anti inmigración tiene peso en las políticas migratorias. Otra muestra simbólica de ello: si apenas llegado al gobierno Pedro Sánchez se enfrentó a Salvini, permitiendo que el Aquarius llegara a aguas españolas, un año después, y según denunciaban integrantes de la ONG Open Arms, el presidente amenazaba a su barco de rescate con 900.000 euros de multa. Culminaba así un semestre de tensión en el que el gobierno ha forzado a los barcos a la inoperancia, reteniéndoles en puerto. Una política migratoria que poco difiere a la de Salvini en la práctica.
El flamante presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, miembro del Partido Democrático italiano, ha sido presentado, de hecho, como contrapunto de Salvini. El partido del que proviene Sassoli tiene sin embargo en su haber la ley Minitti-Orlando de 2017 por la que se multiplicaban los centros de detención de inmigrantes y se aceleraban las expulsiones, razones por las cuales la iniciativa fue duramente criticada por las organizaciones de derechos humanos italianas.
En el discurso tras su asignación al cargo, Sassoli apuntaba a una revisión del Reglamento de Dublín y una mayor solidaridad y coordinación entre estados. Pronunciado el pasado 3 de julio, la crisis humanitaria del Mediterráneo estuvo ausente de su intervención. Quien sí tuvo palabras para los barcos de rescate, apostando porque el Parlamento Europeo diese cobertura legal a quienes están siendo perseguidos judicialmente por “salvar vidas”, fue la candidata a la presidencia de la Eurocámara, Sira Rego, de Unidas Podemos, dentro del grupo de la Izquierda Unitaria Europea (GUE-NGL), quien denunció “la justificación de las violaciones de los derechos humanos tras un argumento de seguridad tramposo”. Que este grupo minoritario —el quinto de la Eurocámara— se quedase en 38 escaños, perdiendo 14 respecto a las elecciones de 2014, da cuenta del lugar marginal al que se ha relegado este tipo de discursos en el ámbito comunitario.
Precisamente, más allá del enfrentamiento con Matteo Salvini, Óscar Camps —fundador de la organización Open Arms que también decidió volver a sus labores de rescate aún sin contar con permiso para ello— afirmaba el pasado sábado 29 de junio durante una entrevista para la Cadena Ser: “La complicidad pasiva de los presidentes de los 28 gobiernos de la Unión Europea no ha dejado otra alternativa”."
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