Vicenç Navarro:
"La Constitución asigna al Estado central la mayor responsabilidad para aplicar aquellos artículos que en teoría deberían garantizar tal derecho. Y así lo ha interpretado la práctica jurídica. En España es solo el estado central el que tiene la máxima autoridad para obligar al cumplimiento del mandato constitucional (que ignora). El establishment político español, que continuamente promueve la visión de España como “el estado más descentralizado del mundo”, subraya que tal autoridad la tiene solo el Estado central, relegando a la autoridad municipal (que también es Estado) una responsabilidad muy menor. Y ahí está la raíz del problema, pues el Estado español, heredero del Estado dictatorial que lo precedió, está altamente influenciado por poderes financieros e inmobiliarios que, a través de los partidos conservadores y liberales (que a nivel popular se definen como las derechas), condicionan las políticas públicas sesgadas a favor de los propietarios de las viviendas a costa de los usuarios de tales bienes.
Esta realidad está sistemáticamente ocultada en la movilización de las derechas en España y Catalunya contra los ayuntamientos de Barcelona y Madrid gobernados por partidos progresistas, acusándoles de no haber resuelto problemas como el de los desahucios, mientras que son estos partidos de derechas (y muy en particular el PP y Ciudadanos) los que a través de su influencia sobre las ramas ejecutivas y legislativas, así como sobre los aparatos del Estado como el jurídico, tienen mayor responsabilidad por la falta de soluciones a estos problemas. En realidad, tales ayuntamientos han llevado a cabo políticas públicas (que analizaré en este texto) que han podido paliar parte del drama social del difícil (cuando no imposible) acceso a la vivienda sin poder resolverlo, pues ello requiere cambios muy sustanciales por parte del gobierno español y también, en parte, de la Generalitat (en el caso de Catalunya), que no están ocurriendo.
Causas del enorme problema social: el excesivo precio de los alquileres
Hoy estamos viendo una burbuja enorme, predominantemente del alquiler. Los precios de los alquileres están creciendo a una velocidad desmesurada. Según la agencia Fotocasa, el precio del alquiler se ha incrementado un 49% en Catalunya y un 27% en Madrid desde 2013, aumento que desborda la capacidad adquisitiva de la población, seriamente afectada por el descenso de los salarios y de las tasas de ocupación de las clases populares que se ha venido produciendo durante todos estos años de la Gran Recesión. Ello explica que el 42% de la población de Barcelona que vive de alquiler lo haga en hogares para los que los gastos del hogar representan el 40% o más de sus ingresos. Según el Fondo Monetario Internacional España es el país de la OCDE (el club de países más ricos del mundo) que peor relación tiene (después de Polonia) entre los precios de la vivienda y los ingresos del hogar (Global Housing Watch FMI). Ello aplica también en el precio de los alquileres. Estos altísimos porcentajes (más del 40%) de los ingresos familiares que se dedican a pagar los alquileres (en el caso del 42,7% de la población de Barcelona que vive de alquiler) contrasta con los existentes en países europeos tales como Francia, Suiza o Alemania donde tales porcentajes son mucho más bajos, 16,5%, 18,2% y un 23% respectivamente.
La gravedad de la situación de los desahucios
Una consecuencia de esta realidad es el elevadísimo número de desahucios en España. Durante 2017 se produjeron en España casi 100 desahucios cada día del año (según el Consejo General del Poder Judicial) por no poder pagar el alquiler. En el año 2016 estos desahucios fueron en un número mayor (34.193) que los desahucios por no poder pagar la hipoteca (20.397). Y es también en este capítulo donde se ve más claramente el sesgo a favor de la propiedad y en contra del usuario. En realidad, las leyes aprobadas por el Estado central, altamente influenciadas por intereses financieros e inmobiliarios, son abusivas en su excesivo empoderamiento del propietario a costa de los derechos de los usuarios, lo cual ha ocurrido con particular dureza durante el gobierno del PP (...)
La desprotección del usuario en España es tal que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Civiles de la ONU (CESCER) ha condenado (el año pasado) al Estado español por violar el derecho de la vivienda de las familias desahuciadas. Pero tal situación continúa, y ha sido, de nuevo, la misma derecha catalana (ahora rebautizada como PDeCAT) la que ha propuesto ahora incluso endurecer todavía más tal sesgo pro propiedad de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de manera tal que su propuesta en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados permitirá, cuando sea definitivamente aprobada, el “desahucio exprés”, forzando la expulsión de los inquilinos de la propiedad en cuestión de dos meses, autorizando así que las personas propietarias de piso, sociedades sin ánimo de lucro y agencias públicas de vivienda aceleren el desahucio. Es importante señalar que el PP y Ciudadanos incluso intentaron expandir tal derecho de “desahucio exprés” a la banca y a los fondos de inversión, que necesitan tales pisos vacíos para poder movilizarlos masivamente y conseguir mejorar su rentabilidad.
Otras causas del crecimiento del precio de los alquileres
Una causa importante del crecimiento de los alquileres es la escasa oferta de pisos en alquiler, insuficiente para cubrir la demanda. Y ahí en este tema, el Estado ha hecho muy, pero que muy poco para incrementar tal oferta. Algunos datos muestran esta realidad. Solo el 2,5% del total de la vivienda en España es vivienda pública de alquiler social, encaminada a ofrecer acceso a la vivienda a los grupos más necesitados. Este bajísimo porcentaje contrasta con porcentajes mucho más elevados como un 17% en Francia, 21% en Dinamarca, 30% en los Países bajos y un largo etcétera. De nuevo, y una vez más, España está a la cola de Europa en porcentaje de vivienda en régimen de alquiler social"
No hay comentarios:
Publicar un comentario