Marcello Colussi:
"En los países latinoamericanos que, con las dificultades del caso,
vinieron desarrollando políticas populares estos últimos años,
redistributivas, con algún criterio social, sus gobiernos fijaron
impuestos considerables a las empresas extranjeras que explotaban sus
recursos naturales. Por ejemplo, tanto en Bolivia con la explotación
gasífera o en Venezuela con la extracción de petróleo, las compañías
deben pagar un 50% de regalías a los Estados de esos países. Podría
discutirse si allí efectivamente “manda el pueblo”; lo que queda claro
es que hay allí gobiernos populares, y que la población se ve bastante
beneficiada. Si los pueblos no mandan directamente, está claro que
mayoritariamente respaldan a sus gobiernos, pues reciben los beneficios
de esas administraciones.
En Guatemala –insistamos: tomamos ese
país solo por poner un ejemplo; la situación es similar en cualquier
democracia representativa, sea Noruega, Estados Unidos, Egipto o Sierra
Leona– hace 30 años que se vive dentro de esto que llamamos
“democracia”, y su población continúa tan pobre y postergada como
siempre, excluida del desarrollo económico-social. La gente vota y elige
a sus representantes. ¿Manda la gente con su voto? ¿Mandan los
representantes, el presidente, los ministros, los diputados? Pero ¿quién
da las órdenes entonces?
Mientras en la República Bolivariana de
Venezuela o en el Estado Plurinacional de Bolivia se retiene un 50% como
impuestos a las ganancias de las empresas extranjeras que explotan sus
recursos naturales, en la democrática Guatemala ese porcentaje es de
apenas el 1%. Como el porcentaje suena a bochornoso, y ante la presión
popular, el Congreso de la República, según el Decreto Legislativo
22-2014, aumentó esas regalías a un 10%. Para ello modificó un artículo
de la Ley de Minería (...)
Hasta allí, eso parece una medida popular, de beneficio para la
población; en otros términos: habría más recaudación fiscal, por tanto,
mayor capacidad de inversión social. Llevar el impuesto del 1 al 10%, si
bien no es de gobierno con talante socialista como los de Venezuela y
Bolivia, significa un aumento considerable en la recaudación fiscal, y
por tanto, una merma en los ingresos de las empresas mineras (¡que, por
supuesto, no quebrarán!).Pero ahora viene lo importante: la
normativa legislativa fue impugnada por determinados círculos de poder
(¿los que realmente mandan?) –léase: alto empresariado organizado en sus
cámaras– y tiempo después, el 17 de septiembre de 2015, la Corte de
Constitucionalidad (¿mandan ellos?) dejó sin efecto el aumento a las
regalías mineras. Por tanto, esa tasa impositiva sigue siendo del 1%.
Las
compañías mineras, en nombre de la hoy día a la moda “responsabilidad
social empresarial”, voluntariamente llevaron ese aporte a un 2%.
¿Encomiable? (...)
“A buen entendedor, pocas palabras”, reza el refrán. ¿Cómo, después de cosas así, seguir creyendo en la democracia formal?
Por tanto, si esta democracia representativa no sirve a las grandes
mayorías populares, habrá que ir buscando otras formas. Ahí está la
democracia de base, la democracia real, directa, participativa,
esperándonos. ¿No fue eso la Comuna de París en 1871? ¿No fueron eso las
Comunidades de Población en Resistencia –CPR– en Guatemala durante los
años de la guerra? Otra democracia donde la población efectivamente sí
elije es posible. ¿Cuándo comenzamos a construirla?"
http://rebelion.org/noticia.php?id=220245
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