Un ministro del Interior sobre el que recaen sospechas fundadas de tortura en sus procesos como juez, ideal para un país denunciado internacionalmente año tras año por torturas en calabozos, que protege y condecora a sonados torturadores y criminales contra la Humanidad. Un poder judicial de herencia nuclearmente nacionalcatólica, amigo de todo tipo de manadas, en especial las fascistoides, codo con codo con el nivel de corrupción de la clase dirigente española, guardián impertérrito de las esencias de cloaca. Aunque útimamente tan impugnado por el estado de derecho... en otros lugares de América o Europa.
"Para el TC tales funciones son anticonstitucionales pues suplantan el papel exclusivo que en este ámbito tienen los Tribunales: “No son posibles en nuestro Estado de Derecho actuaciones del poder público directa y específicamente dirigidas a la investigación criminal si no se realizan bajo la dirección o el control inmediato del Poder Judicial”. “La calle es mía”, afirmó Fraga Iribarne siendo ministro del Interior. Algo parecido a lo que ahora afirma el TC: escarbar en las cloacas del Estado es propiedad exclusiva del Poder Judicial.
¿Pero qué pasa con los cientos de casos de torturas denunciadas en el País Vasco en las últimas décadas ante los que la Judicatura se ha negado a practicar investigación alguna? ¿O cuando sentencias, como las relativas a la masacre de Gasteiz del 3 de marzo de 1976, o Sanfermines de 1978, miran para otro lado y no ven indicio alguno de delito? ¿Habrá que plegarse ante semejantes arbitrariedades y complicidades políticas y judiciales?
Hace 40 años, el entonces ministro del Interior, Martín Villa, afirmó sobre los sucesos de Sanfermines: “Lo nuestro son errores, lo de ellos crímenes”. Los jueces tomaron nota y sentenciaron que aquella barbarie policial fue debida a confusiones y malas interpretaciones. Ahora, hace tan solo un mes, el también ministro del Interior, Grande Marlasca, ha afirmado: “La única verdad es la judicial”, y sus señorías han cogido la idea y han redactado esta sentencia. En resumen, los ministros del Interior dictan y los jueces ponen las firmas y membretes judiciales.
La Justicia española está siendo cuestionada hoy a nivel internacional como nunca lo ha estado en las últimas décadas. La querella argentina contra el franquismo por crímenes de lesa humanidad, los Informes de los Relatores de Derechos Humanos de la ONU, las sentencias del Tribunal europeo sobre torturas y la reciente dictada en Alemania en el caso Puigdemont, hablan a coro sobre los continuos despropósitos judiciales y la impunidad para con las violaciones de derechos humanos cometidas en el Estado español
La sentencia del TC va a ser, en este contexto, una herramienta más en manos del Gobierno de turno para oponerse, sabotear y perseguir cualquier tipo de investigación internacional o institucional relativa a violaciones de derechos humanos achacables al Estado. En vez de sanear a fondo instituciones policiales y judiciales que siguen teniendo buena parte de sus raíces ancladas en aquel rancio franquismo, las más altas instancias judiciales (TC, TS, AN) proceden a enrocarse y a huir hacia atrás para evitar que nada de lo anterior salpique a la propia Judicatura, al Gobierno o a la Policía a su servicio.
Se busca así cerrar a cal y canto las puertas que en los últimos años se han abierto en el terreno de la recuperación de la memoria histórica. En este sentido, y habida cuenta los aires jurisprudenciales que corren (“todo sigue siendo ETA”, “todo es rebelión y sedición”, “todo es odio”,…), esta sentencia pronto será esgrimida no solo contra iniciativas similares de cualquier Parlamento autonómico, sino también contra Ayuntamientos, Universidades y asociaciones de memoria histórica, a fin de obstaculizar cualquier paso por muy fundamentado que sea, en el camino de la Verdad.
Por supuesto, la respuesta a lo anterior no pasa por aceptar los límites cada vez más estrechos marcados por el Gobierno y su Judicatura, mucho más aún cuando ésta utiliza en sus actuaciones no dos, sino siete varas de medir distintas según que se sea falangista o rapero, mosso de escuadra o guardia civil, independentista o unionista, de Altsasu o Algeciras, monarca o plebeyo, civil o policía, mujer feminista u obispo misógino, currante o banquero, yerno de rey o fontanero. La investigación de estos delitos de Estado es algo demasiado importante como para dejarla en exclusiva en manos de esta Justicia.
Por eso de lo que se trata es de multiplicar todo tipo de iniciativas sociales, políticas e institucionales (querellas municipales, comisiones de la verdad, investigaciones académicas, actividades culturales, movilizaciones sociales,..) para ensanchar aún más las puertas abiertas y recurrir, si fuera preciso, a prácticas de desobediencia civil e institucional. La necesidad de extender y profundizar las exigencias de Verdad, Justicia y Reparación es hoy más ineludible que nunca"
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