Los cálculos oscilan entre los diez mil y los 15.000 millones de euros que estima el colectivo antimilitarista Tortuga. Ortega explica que en ese gasto no computado se encuentran partidas como la Seguridad Social de los militares, las ayudas de I+D a la industria militar, las pensiones de guerra de damnificados de la Guerra Civil o transferencias extraordinarias a Defensa que suponen mil millones de euros anuales.“Si sumamos todos, el presupuesto real estaría en torno a los 20.000 millones de euros, pero, como ellos no lo suman —indica Pere Ortega—, hay que añadir 15.000 millones para cumplir el objetivo del 2% del PIB”. En todo caso, el plazo para llegar a ese procentaje llega hasta 2024, con lo que el Ejecutivo actual no tiene que hacer un esprint para adecuar sus objetivos, sino continuar con la carrera de fondo, en marcha desde el inicio de la llamada recuperación económica.
Ortega espera un anuncio por parte del Gobierno en línea continuista, es decir, un incremento de mil millones en adelante para el presupuesto de 2019. Un aumento en el que también influye la “herencia recibida” en forma de Programas Especiales de Armamento, que cada año suponen una cancelación de créditos recibidos por la industria de aproximadamente 1.500 millones de euros por parte del Estado.
En 1961, Dwight Eisenhower, en sus últimas horas como presidente, hizo un raro alegato instando a que los consejos de Gobierno evitaran “la compra de influencias injustificadas, ya sea buscadas o no, por el complejo industrial-militar”. Ese discurso sirvió para acuñar la fórmula complejo industrial-militar, única beneficiaria, según Ortega de las políticas de Defensa destinadas al aumento del arsenal en España.
Quienes hacen caja con desfiles como el del 12 de octubre, apunta Ortega, “son los accionistas de esas industrias, que viven de una política de Defensa que ellos coartan con su presión como lobby para que se siga haciendo armamento”. El último ejemplo de esa labor “de lobby” ha sido la movilización de trabajadores de Navantia, que cerró, a favor de la industria armamentística, el conflicto sobre las corbetas vendidas a Arabia Saudí.
Una presión que impide el estudio serio de la reconversión del sector industrial armamentístico en otras actividades acordes con los problemas derivados del cambio climático y la crisis larga del modelo productivo. “Sigue habiendo una dependencia de este tipo de industria y el Estado español la sigue beneficiando, ¿para qué? para adquirir unos armamentos que no sabemos para qué sirven”, concluye Ortega"
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