"Jueces y fiscales allí sentados escuchan con naturalidad cómo Delgado acusa a sus homínimos de irse de putas con menores, y uno de sus colaboradores más eximios narra la creación de un servicio de inteligencia “vaginal”. Se ríen con alegría en lugar de taparse la nariz. Apuntalan con chascarrillos la narración de su honorable comisario: “¿Sabes lo que hice para llevarme al huerto a todo el mundo? Montar una agencia de modelos. ¡Qué gilipollez! (…) Pero gente dura, correosa, en los consejos de administración, le ponías una ‘chorbita’, se la tiraba y a ese tío que iba a tomar (…) y muerto. Pero la gente es más simple… No he visto gente más tonta. Además, es lo importante, contaban las cosas para que las chicas se sintieran cautivadas. Y claro (….) de verdad, de verdad, fíjate qué cosa tan tonta: era la información vaginal que yo decía. Era una cosa absurda”.
Lo cual que a nuestros jueces y fiscales les resulta normal que un miembro de la policía española monte una casa de putas de lujo para sonsacar información económica y política a diputados y empresarios del Ibex-35: “No he visto gente más tonta”, que diría el comisario. A la ahora ministra de Justicia, Dolores Delgado, entonces fiscal de la Audiencia Nacional, le parece un modo de informarse de lo más efectivo: “Éxito garantizado”, aclama el plan. El adalid de la justicia universal, Baltasar Garzón, ríe desde el fondo del audio las gracias del policía putero. Qué le importan a nadie las modelos prostituidas. Las chicas Bond de este arrabal. Qué le importa a jueces y fiscales el relato de un delito de chantaje manifiesto. Lo cuenta tan gracioso el comisario"
https://blogs.publico.es/repartidor/2018/09/29/las-cloacas-son-el-estado/
"La Comisión de Gastos Reservados es el único organismo de control de los secretos oficiales que existe en el Congreso de los Diputados. La conforman, por un acuerdo no escrito, las portavocías de los grupos parlamentarios y se reúnen a petición de la presidenta del Congreso. Sus deliberaciones son secretas y quienes divulguen la información vertida en ellas se arriesgan a consecuencias penales, no meramente de régimen disciplinario.
En los últimos tiempos se han producido cuatro comparecencias: dos del director del CNI —Félix Sanz Roldán—, una de la anterior vicepresidenta del Gobierno y una cuarta del anterior ministro de Exteriores. Han tratado temas diversos: las relaciones por parte del CNI con Abdelbaki Es Satty, “imán de Ripoll” responsable, según las investigaciones, de los atentados de 2017 en Barcelona y Sitges; la supuesta injerencia extranjera en la crisis con el Gobierno de Catalunya; y el propio uso de los fondos reservados.
Corinna zu Sayn-Wittgenstein fue la protagonista ausente de la última reunión de la comisión hasta el día de hoy. Se celebró a principios del verano. Sobre la mesa, las informaciones sobre el papel del rey emérito, Juan Carlos I, como intermediario en la venta de armas, a través de Sayn-Wittgenstein. La ex del rey fue “pillada” en una conversación con José Manuel Villarejo. En aquella ocasión, Sanz Roldán defendió que las grabaciones fueron “guionizadas” y que parten del despecho de Sayn-Wittgenstein.
Pese al secreto debido, la versión del CNI de lo que sucedió en esa comisión se divulgó a las pocas horas. Sobre esa versión se ha edificado, en las semanas posteriores, el rechazo de PSOE, PP y Ciudadanos a la creación de una comisión de investigación sobre el rey Juan Carlos. Caso cerrado. Como la responsabilidad política de los GAL, los beneficiarios de las amnistías fiscales de la historia reciente o las contraprestaciones recibidas por los corruptores de los papeles de Bárcenas. Casos cerrados por los límites que se ha impuesto el Estado y los que el poder judicial se ha autoimpuesto o ha decidido no explorar.
Democracia blindada
En 1968, la cúpula franquista tomó dos decisiones cruciales. La primera fue la creación de la aún vigente Ley de Secretos Oficiales, uno de los “vértices fundamentales del modelo español de impunidad”, en palabras del historiador Sergio Gálvez Biesca. Un blindaje que afecta a los crímenes del franquismo, pero que fue asumido y reforzado por la legislación posterior para preservar a los gobiernos del escrutinio por parte de opinión pública, historiografía y periodismo. “Cada retoque de la ley —explica Gálvez— ha supuesto una pequeña ampliación restrictiva en torno a un cada vez mayor número de diferentes materias potencialmente objeto de ser declaradas clasificadas o reservadas”.
Cuentan que fue el ministro de Educación quien preocupó a Franco con noticias de la insurrección que se fraguaba en las universidades. Luis Carrero Blanco y José Ignacio San Martín crearon la Organización Contrasubversiva Nacional, germen, junto con el servicio del Alto Estado Mayor del Ejército, de los posteriores Seced y Cesid —el actual CNI—. De las tácticas de contrasubversión se evolucionó hasta el actual concepto de inteligencia y análisis.
De la estructura militar y el espionaje tutelado por el Mosad israelí, se pasó a la actual estructura policial y la coordinación —conflictiva— con los equipos operativos de Policía y Guardia Civil.
Cincuenta años después, servicios de inteligencia y secretos de Estado funcionan con relojes distintos pero bajo el mismo huso horario. La razón de Estado sigue regulando los silencios, marcando la agenda política, convirtiendo la investigación periodística en una guerra de dossieres, empozoñando —las más de las veces— los debates sobre transparencia y participación democrática.
Una razón de Estado escurridiza para quienes son ajenos a ella y potencialmente incendiaria para quienes intentan cabalgarla. Definida por intereses económicos y empresariales, por la pretensión hegemónica de la Iglesia católica, por la fe ciega en la unidad territorial y los rescoldos del imperialismo pasado, el africanismo y la relación con América Latina.
Sobre esa entraña, y sobre cloacas, secretos, mentiras y dossieres, se edifica la actual democracia española. Cincuenta años después de los dos movimientos tácticos del franquismo, cuarenta después de la aprobación de la Constitución"
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