Fernando Luengo:
"Lo cierto es que las manos visibles de los mercados –las grandes
corporaciones y las elites que las controlan y dirigen- son las que
capturan los beneficios del crecimiento; y las que, en periodos de
crisis, tienen capacidad para preservar o aumentar sus privilegios (...)
Con la complacencia de los afines, que
comparten privilegios e ingresos y ante la ausencia o la debilidad de
los mecanismos de control de la gestión corporativa, se autoasignan a
discreción salarios, bonus, pensiones y stock options.
No importa que hayan asumido en su gestión riesgos excesivos, que
actuaran en franca colusión de intereses con los grandes accionistas, su
falta de compromiso con la inversión productiva, que promovieran un
masivo trasvase de recursos desde la empresa hacia la industria
financiera, su responsabilidad en la escalada del endeudamiento, su
abierta disposición a participar en movimientos financieros de signo
marcadamente especulativo, y su responsabilidad en la realización de
operaciones de autocartera y de fusiones con otras empresas con el único
propósito de aumentar el valor en bolsa de la firma resultante y con
ello sus retribuciones, estrechamente vinculadas a los índices
bursátiles…Nada de esto parece importante, a la luz de los privilegios
que continúan disfrutando.
Estas políticas han sido, desde luego, muy lucrativas para las elites
económicas, que han amasado grandes fortunas y patrimonios, pero poco
tienen que ver con la productividad, en el sentido más genuino que cabe
dar a este término, esto es, esfuerzo, cualificación y rendimiento.
Un mínimo sentido de justicia y la aplicación de un principio muy
básico de economía –no premiar al ineficiente, como, de hecho, ha
sucedido- tendría que haber conducido a la penalización de esta
oligarquía que ha contribuido a la descapitalización de sus empresas,
sometiéndolas a un permanente saqueo patrimonial y a una deficiente
gestión. Prácticas que, en definitiva, nos han llevado a la crisis
económica, con toda la secuela de destrucción de capital productivo y
tejido social que hemos conocido en estos últimos años.
Pues no, ha sucedido todo lo contrario. Han conservado, cuando no han
reforzado, sus privilegios. Continúan al frente de sus negocios,
ganando sumas extravagantes y, por si esto no fuera suficiente, han
recibido recursos públicos, pagados con recortes sociales y con
impuestos regresivos, que penalizan las rentas medias y bajas. Al mismo
tiempo, sin ningún pudor, en los foros empresariales y en los medios de
comunicación, reclaman austeridad, moderación y esfuerzo colectivo para
salir de una crisis en la que, en realidad, ellos nunca han entrado.
La situación es, si cabe, más grave que antes de que estallara el
crack financiero, pues ahora las palancas de control social son más
débiles y la política y las instituciones reflejan cada vez más los
intereses de los ricos, del poder. Las reformas laborales suponen, en
este sentido, un duro golpe a la negociación colectiva y al ejercicio de
los derechos ciudadanos dentro de las empresas, desnivelando la
relación entre el trabajo y el capital, en beneficio de este; y las
políticas de ajuste presupuestario constituyen, en realidad, la punta
del iceberg de una estrategia de gran calado encaminada al
desmantelamiento y captura por parte de los grupos económicos de los
estados de bienestar.
Esta problemática –la de los privilegios de las elites, la de la
concentración del poder económico- está fuera de la agenda política y
ocupa un lugar muy periférico en el debate económico. Sin embargo,
supone un gran desafío para los partidos del cambio, que no pueden
ignorar la deriva oligárquica (y autoritaria) de nuestras sociedades.
Hay que actuar, con un planteamiento ambicioso, en el terreno de la
fiscalidad. También, y aquí nos jugamos mucho, para debilitar el poder
corporativo de las elites, verdadero lastre para la democracia y para un
buen funcionamiento de la actividad económica"
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