Emmanuel Rodríguez:
"Y efectivamente, lo que siguió se comprende como un espectacular incremento de precios debido a la particular combinación del aumento de la demanda de alquiler, la explosión de las VUT y la tradicional ausencia de cualquier atisbo de política social de vivienda. Conviene recordar cuál era la prioridad política de esos años en lo que se refiere al mercado inmobiliario. La creación de la SAREB se había regulado como un mecanismo de contención de pérdidas para los activos en manos de los bancos, primero por medio de un precio de compra realizada por esta sociedad que por lo general fue mayor que el del mercado y segundo conteniendo la salida de los paquetes de vivienda para no hundir todavía más los precios. La política activa de estímulo del alquiler, añadida al empleo de las SOCIMIS y sus conocidas deducciones fiscales, trataban de garantizar una rentabilidad subsidiaria para inversores y grandes tenedores de vivienda. Sea como sea, la clase media propietaria con un parque inmobiliario vacante y en disposición de alquilarse fue de nuevo beneficiaria, en su particular y tradicional posición subordinada a las grandes políticas de obtención de rentas (...)
El resultado combinado de estos factores ha sido un rápido incremento de las rentas de alquiler para los segmentos de mayor patrimonio. En una tendencia que se había iniciado algo antes de la crisis, el número de hogares que disponía de rentas de alquiler pasó del 5% en 2004 a casi el 14% en 2017, tal y como ha señalado el investigador Carlos Delclós. En 2018, los residentes en España en régimen de alquiler declaraban a la Encuesta de Condiciones de Vida el pago de importes por valor de 18.602 millones de euros. Una década antes eran apenas 10.000 millones. Si se añade la cifra del alquiler por VUT, entre el 2,5 y el 3% del PIB era drenado en concepto de rentas de alquiler de vivienda a los segmentos propietarios.
Sin duda, una parte de estas rentas estaba dirigida a SOCIMIS y grandes fondos, pero estos tenían carteras inmobiliarias diversificadas que comprendían arrendamientos de tierras, servicios y sobre todo locales comerciales. La mayor parte de estas rentas era dirigida a los pequeños propietarios. Recordemos, que en 2019, los SOCIMIS especializadas en alquiler contaban con un parque de vivienda de 42.100 viviendas, aquellas en manos de grandes empresas no superaban las 250.000. En ese mismo año había más de tres millones y medio de viviendas en distintas formas de alquiler.
En 2017, la Encuesta de Condiciones de Vida ofrecía una perspectiva de ingresos netos modesta para estos pequeños propietarios. La renta neta no alcanzaba los cinco mil euros por hogar; esta cifra había ido descendiendo suavemente en los años previos, a medida que se sumaban más y más propiedades en alquiler. Una miríada de pequeños propietarios trataba de obtener rentas de activos, que en ocasiones solo alquilaba temporalmente. Obviamente, entre los nuevos rentistas hay toda clase de escalas y rangos, desde los que reciben un sobrio complemento a salarios menguados, apenas por encima del umbral de reproducción de estatus, hasta los rentistas especializados, que se convierten en capitalistas-inversores del nuevo negocio del alquiler. La clase media ha iniciado, en cualquier caso, su particular versión de la ‘valorización’ de todos los activos a su disposición, o en un lenguaje menos técnico a ‘buscarse la vida’ por los medios disponibles. Un largo entrenamiento de más de treinta años en el gran negocio inmobiliario y en el aprovechamiento de los flujos turísticos que tenía España por destino la dota de competencias óptimas para ello.
Aunque conviene insistir en que estas rentas medias se pueden considerar modestas, la capilarización del proceso ha sido sin embargo enorme, hasta el 14% de los hogares completan sus ingresos con rentas de alquiler. De nuevo hay también que considerar los efectos materiales e ideológicos de esta ‘socialización’ de las rentas patrimoniales que se extiende de forma horizontal y vertical entre hermanos, y sobre todo entre padres e hijos y abuelos y nietos. Los efectos de la renta de alquiler impactan así sobre capas que van mucho más allá de ese 14%. El principio de la propiedad inmobiliaria, eje vertebrador histórico de la clase media española, sale de nuevo reforzado.
En otras palabras, el rentista se está convirtiendo en la nueva figura política de la clase media. En el relato heroico que construyen los medios de comunicación, el alquiler de mercado –sin paliativos– es propuesto como solución al problema de la vivienda. ¿Quien puede ofrecer vivienda asequible y a buen precio? El pequeño propietario. ¿Qué le impide hacerlo? La rigidez del mercado, la inseguridad jurídica, los problemas del pequeño propietario. ¿Quién es el villano de esta historia? Los inquilinos que incurren en impagos, los okupas que asaltan las viviendas del pequeño propietario, las mafias que ocupan para realquilar o vender droga. De la centralidad mediática del movimiento de vivienda frente a la SAREB, y el rescate con dinero público de los activos inmobiliarios sin mercado, se ha vuelto a la centralidad de la pequeña propiedad.
En este relato, el problema tiende a reducirse a una rigidez de la oferta. Sin duda, hay aquí mucho de coartada frente a los intereses de los grandes tenedores de vivienda: el emergente grupo de SOCIMIS, apoyadas por fondos internacionales, que apuntaban en esa misma dirección. Pero las reverberaciones de la defensa de la pequeña propiedad penetran hasta el tuétano de las clases medias. En estos años se ha articulado una nueva línea de defensa social de las clases medias, y éstas la han abrazado sin remilgos"
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